¿Hasta dónde es responsable el JNE en la selección de candidatos?

Tras las denuncias contra las congresistas Ponce y Ananculi, expertos analizan quiénes están en la obligación de pasar los filtros a los candidatos en procesos electorales.

Yesenia Ponce, congresista de Fuerza Popular, presenta la mayor cantidad de denuncias ante la Comisión de Ética. (Foto: Archivo El Comercio)

Delsy Loyola Jorge 25.04.2018 / 01:39 pm

Las congresistas de Fuerza Popular Yesenia Ponce y Betty Ananculi generaron polémica luego de fueran denunciadas por haber consignado información falsa sobre sus estudios en las hojas de vida que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ante ello, la fujimorista Rosa Bartra salió en defensa de su agrupación política y manifestó que su partido seleccionó a sus candidatos luego de que estos pasaron los filtros del JNE.

En medio de esta coyuntura, cabe preguntarse: ¿hasta dónde se puede responsabilizar al JNE de la selección de quienes serán nuestros próximos representantes? ¿Cuáles son los filtros que cubre este organismo electoral?

José Tello Alfaro, abogado experto en derecho electoral, explicó que, por un lado, la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral del JNE brinda información sobre sentencias condenatorias de los candidatos, órdenes de captura nacional e internacional, deudas municipales, tributarias, entre otros. 

Por otro lado, indicó que la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales tiene la obligación de realizar el proceso de verificación de la información consignada en las hojas de vida.

No obstante, el ex presidente del JNE Francisco Távara, quien dirigió el proceso electoral en el que fueron elegidas las congresistas Ponce y Ananculi, señaló que la responsabilidad es compartida con los partidos políticos, aunque recae mayormente sobre estos últimos. 

“Se supone que al candidato que va a postular por una agrupación política lo conocen en su partido. La obligación es por tanto del candidato como de la organización política para verificar la verdad”, manifestó a El Comercio.

Francisco Távara señaló que es “imposible” que dicha dirección fiscalice a todos los candidatos, debido a la cantidad de postulantes que se presentan.

“No es que no se cumpla [con la verificación de todos los documentos], es imposible materialmente. Entiendan, pues, que hay que hacer todas las normas que se apliquen razonablemente”, indicó.

Atrápenlos, si pueden, la columna de Cecilia Valenzuela

Salvo contadas excepciones, el Congreso actual es un nido de impunidad y la Comisión de Ética un mal chiste.

La congresista de Fuerza Popular Yesenia Ponce es un escándalo. Pero el caso de Daniel Salaverry, vocero titular de Fuerza Popular, es todavía más grave. (Foto: Congreso)

Cecilia Valenzuela 25.04.2018 / 12:02 am

A principios de este siglo se acuñó la frase “otorongo no come otorongo”. El enunciado es despectivo y describe la disposición cómplice de los congresistas peruanos para cubrirse las espaldas y taparse los desaguisados. No importa la calidad del delito o la falta ética que se les impute, entre ellos se encubren y se salvan.

La congresista de Fuerza Popular Yesenia Ponce es un escándalo. No solo no habría terminado el colegio, sino que además habría corrompido al director del centro educativo que le dio el certificado de egresada escolar.

Pero el caso de Daniel Salaverry, vocero titular de Fuerza Popular, es todavía más grave. Mientras era accionista mayoritario, gerente general y luego apoderado de su empresa DSV Constructores, dejó de pagar impuestos, ONP y Essalud hasta acumular una deuda con el Estado de casi un millón de soles, eso sin contar los intereses moratorios.

En abril del 2004, Salaverry y su padre, Raúl Salaverry Pinillos, fundaron DSV Constructores. El padre puso el 99% del capital social y el hijo el 1% restante. La sociedad decidió nombrar gerente general al actual congresista.

Siendo el gerente general, en setiembre del 2011 su empresa dejó de pagar impuestos a la Sunat. Pero en enero del 2012 realizó un incremento de capital de un millón setecientos mil soles. No pagaba impuestos, pero tenía un millón setecientos mil soles para reinvertir y ser el nuevo accionista mayoritario.

Cuatro meses después, entre abril y mayo del 2012, el actual vocero de Fuerza Popular dejó de ser el gerente para convertirse en el apoderado de su empresa. Un cargo que implica poder para intervenir y representar a la sociedad en asuntos administrativos, judiciales y financieros. La primera decisión que tomó como apoderado fue recapitalizar las utilidades ganadas, incrementando su capital social con novecientos treinta y un mil soles más.

El historial de Registros Públicos de la empresa del congresista confirma que esta ganaba utilidades y que él mismo tenía fondos millonarios para incrementar su capital; sin embargo, no pagaba ni impuestos ni ONP ni Essalud.

Recién el 23 de junio del 2016, cuando ya había sido elegido, dejó de ser apoderado de su empresa inmobiliaria. Para entonces su deuda fiscal ascendía a novecientos setenta y cinco mil soles.

Dejando atrás tremenda arruga, Salaverry juró al cargo de congresista y hasta el momento las entidades recaudadoras del Estado no han logrado cobrarle ni un céntimo.

Salaverry fue acusado ante la Comisión de Ética poco después de asumir el cargo, pero no por la deuda millonaria que le tiene al Estado, sino porque su empresa tampoco les habría pagado a dos pequeños empresarios trujillanos proveedores de material de construcción. A pesar del reclamo de estos ciudadanos, en diciembre del 2016 la Comisión de Ética declaró improcedente la denuncia contra Salaverry. En sus descargos, dijo que él no era responsable porque dejó de ser gerente general en el 2012. Lo que no dijo fue que dejó la gerencia para convertirse en apoderado, un cargo que le otorgó las mismas facultades de un gerente general.

Salvo contadas excepciones, el Congreso actual es un nido de impunidad y la Comisión de Ética un mal chiste. No olvidemos que los congresistas Guillermo Martorell (no agrupado), Zacarías Lapa (Frente Amplio) y Benicio Ríos (APP) tienen sentencias judiciales efectivas, pero no están en la cárcel porque gozan de inmunidad.

Ceplan: "Las nuevas autoridades regionales encontrarán planes, no harán lo que quieran"

Javier Abugattás, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, espera que en dos o tres años todo el Estado pueda tomar decisiones basadas en las prioridades del país, y no en coyunturas políticas.

19 de abril del 2018
Redacción RPP Noticias

Por casi dos años, el economista Javier Abugattás es el responsable de conducir y desarrollar las políticas de planificación estratégica del Estado. Este no es un rol menor. El planeamiento debería jugar un rol protagónico en la toma de decisiones del Estado: en qué invertir, qué proyectos priorizar o qué sectores son más importantes en tal o cual distrito.

En el 2016, la OCDE alertó sobre una crisis de planeamiento en Perú. Es decir, identificó que la cantidad de presupuesto disponible y la coyuntura política están por encima de una estrategia nacional. Abugattás analiza los avances del Ceplan, la meta de actualizar el Plan Bicentenario para extenderlo al 2030 y el rol del planeamiento en el Estado actual.

Especialistas en planeamiento mencionan que el plan nacional es un documento obsoleto que se debió actualizar hace más de cinco años.

El plan está vigente, con sus objetivos y metas, porque fue aprobado formalmente en el 2011. En el camino se han hecho mejoras continuas, porque todo se desfasa. Le estamos añadiendo ya la preimagen 2030 que está basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en las buenas prácticas de la OCDE y en nuestro conocimiento del Perú.

Entonces, ¿se puede decir que Perú tiene hoy un plan estratégico al largo plazo?

Sí. Perú tiene políticas de Estado y un plan estratégico de desarrollo vigente a largo plazo hasta el 2021. Como vencerá pronto, se inició el año pasado un proceso de actualización hacia el 2030. Este proceso empieza con concertar la visión del país ante el Acuerdo Nacional (toda la sociedad peruana). Luego se actualizarán las políticas de Estado y se construirá el nuevo plan estratégico de desarrollo.

¿Cuánto se ha avanzado en la actualización de este plan?

La visión está en construcción, ya que nunca se actualizó como indica la norma del Sistema Nacional de Planeamiento. La consulta del país que queremos ya se hizo en 18 departamentos del país y llegaremos a la mayor cantidad de provincias. Esperemos que esté listo el 2019, y lo correcto sería terminar el plan en 2020, para no entrar al 2021 sin plan.


El Acuerdo Nacional no aprueba una actualización del plan hace ocho años. | Fuente: Inforegión

Nos preocupa que se inviertan más de 48 meses en hacer un plan. Quiere decir que se usarán los cinco años del Gobierno actual...

Es que son planes a largo plazo. Cuando asumí el cargo, hubo gente que me dijo que busque aprobar un borrador que ya existía. Pero eso no hubiera servido para acordar una visión entre todos los peruanos. La visión que salga no la vamos a controlar nosotros, la tiene que crear toda la sociedad peruana. Ya va un año de consultas y vendrá otro año más. Tiene un procedimiento puesto en una ley. A menos que yo quiera incumplir la ley...

¿La ley contempla plazos específicos?

No hay plazos, pero sí hay procedimientos. La ley dice que se consulta la visión y después se construye el plan. Tomará el tiempo que tome.

Algunos especialistas comentan que un plan de largo plazo no puede tomar más de veinte meses.

Un plan de largo plazo no se construye a la velocidad que alguien decida, y menos en el caso peruano, donde la concertación es dificilísima. Por otro lado, ¿cuál es el apuro si mi plan va a estar en el 2021? En versiones anteriores no respetamos el mecanismo de ir al Acuerdo Nacional.

Si todavía no tenemos el plan actualizado, ¿qué herramienta utiliza el Gobierno para evaluar logros hacia el Bicentenario?

Evalúas una combinación de los objetivos del Plan Bicentenario, con la pre imagen del 2030 y las políticas generales del Gobierno que están establecidas. Por ejemplo, ¿queremos reducir la anemia? Eso no estaba como tal en el Plan Bicentenario, pero está en la estrategia del Gobierno. No ajustar los planes observando la realidad actual sería un error.

En el caso de la reducción de anemia, ¿el Ceplan ha elaborado ya un reporte de los avances del 2016 y 2017?

Sí, y hemos creado además un pequeño sistema de seguimiento que trata de generar alertas tempranas para evitar ese daño. Si crece la anemia, se produce una desviación en los indicadores sobre el cuál alertamos como Sistema de Planeamiento. En cada lugar del país, cada autoridad local debería preocuparse de cuántos niños y niñas con anemia tiene y hacer lo que sea necesario para bajar esa anemia.

El objetivo del Gobierno de Kuczynski fue reducir la anemia a 19%, y hasta ahora la reducción ha sido mínima. Nosotros entendemos que Ceplan debería reportar estas falencias...

Lo estamos haciendo al publicar el informe. Y eso hace que cada autoridad en su nivel deba corregir lo que esté a su alcance junto con la rama de salud presente. Hay alcaldes que lo hacen.

Pero el rol del Ceplan es ir donde los ministros, gobernadores o alcaldes para decirles que han pasado dos años y no han reducido la anemia, por lo que no llegaremos a la meta. Ese es el famoso seguimiento.

Sí, pero no es instantáneo. Lo que hemos pedido primero es que mejoren la calidad de las políticas. Lo que nos ha pasado en Perú es que no teníamos casi indicadores ni objetivos. Entonces el primer trabajo en todo el año es terminar de consolidar un marco de políticas nacionales y sectoriales más claras para poder medir el desempeño. Nuestra publicación mensual de ahora ya alerta sobre la anemia, porque dice que debería reducirse y no se reduce.

¿Esa publicacion tiene el peso necesario para que la tomen en cuenta?

Ahora no lo tiene, pero lo va a tener crecientemente. Estamos en construcción de capacidad institucional que toma tres años usualmente, en que Ceplan vaya poco a poco siendo capaz de hacer su trabajo bien hecho. No va a salir una norma que diga: ahora el Ceplan hace todo y lo hace bien.

"Tomará el tiempo que tome (actualizar el plan) siguiendo los procesos de la ley", dice Abugattás. | Fuente: Integración

Y en un pronóstico optimista, luego de que pasen tres años de solidez institucional y el plan nacional sea concertado, ¿las metas serán cumplidas realmente?

Sí, porque ahí el Ceplan ya está empezando, en acuerdo con la PCM, a poner condiciones de cumplimiento de políticas sectorial a las instituciones.

¿Se aplicarán sanciones para las autoridades que incumplan o tengan mal desempeño?

La sanción la tiene que poner la Contraloría. Ya hemos discutido con la Contraloría qué significa evaluar el desempeño. Pero me decía “yo no puedo medir el desempeño si no tengo el objetivo”. Si no tengo objetivos, no mido nada. Entramos a un ciclo que durante el 2018 va a actualizar políticas sectoriales de mejor calidad. Ya lo hicimos en el 2016 y ahora las usamos.

Los funcionarios del Ceplan en la época de Alan García o de Ollanta Humala dicen que empezaron desde cero por crisis institucional. Y nos preocupa que usted nos diga que el Ceplan recién empieza a fortalecer su institucionalidad.

Empezamos desde cero, pero ahora no estamos en cero. Te lo puedo demostrar. Las herramientas de seguimiento que tenemos en este momento, que ya están siendo usadas en el nivel provincial y en el departamental lo demuestran. Las guías actuales ya no están en cero. Vamos a tener en julio planes operativos al 2019, al 2020 y al 2021. Eso va a permitir que las autoridades regionales que entran en el 2018 se encuentren con los planes, no que vengan a hacer lo que quieran. Todo está en un sistema al que cualquier ciudadano tiene acceso, algo que no existía antes.

Cuando la OCDE realizó el programa país en Perú (2016), mencionó que el Ceplan debía ser el eje de la creación del Centro de Gobierno para toma de decisiones. ¿Eso se ha logrado?

Está en camino, pero naturalmente ya opera. Las instituciones en Perú han estado extremadamente débiles en comparación a las prácticas de la OCDE. Por parte del Sistema de Planeamiento eso se esta avanzando con el informe anual integrador del conjunto de políticas y cómo se alinean al largo plazo.

Pero la OCDE iba mucho más allá. Señaló que las decisiones del Estado debían tomarse en coordinación del presupuesto (MEF) y planeamiento (Ceplan) de la mano, para evitar que se invierta en cualquier cosa. ¿Sucede eso ahora?

No ha sucedido por treinta años y no se puede cambiar de un día para el otro. Pero, por ejemplo, el año 2017 es el primero que ya hubo planes antes del presupuesto. Antes, en diciembre le daban (al funcionario) su presupuesto de apertura del año siguiente, lo volteaba de una cierta manera y decía que eso era un plan. Eso no es un plan operativo ni estratégico. Ahora, los ministerios, los gobiernos regionales y otras once entidades ya tenían un plan operativo 2018. Creo que en dos o tres años vamos a tener sólida la discusion de prioridades y la asignacion de recursos guiada por objetivos nacionales. Ahí sí va a poder intervenir la Contraloría, y el MEF podrá cortarle (presupuesto) al que está dasalineado. Eso es lo que está reflejado en la OCDE.

Aumentó la pobreza en el Perú: las posiciones de los políticos [FRASES]

El presidente Martín Vizcarra, el ex mandatario Alan García y distintos congresistas se expresaron sobre indicadores del INEI






















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Redacción El Comercio 24.04.2018 / 11:00 pm 

Distintos sectores políticos se han expresado con preocupación sobre la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que da cuenta de que por primera vez en este milenio se incrementó la pobreza monetaria en el Perú.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, la tasa de pobreza pasó de 20,7% en el 2016 a 21,7% de la población en el 2017.

El presidente Martín Vizcarra, el ex mandatario Alan García y congresistas de distintas bancadas fueron algunos de los que se pronunciaron al respecto.

La crisis política y el peso que tuvo en el aumento de la pobreza

En el 2017, el INEI detectó que la tasa de pobreza aumento de 20,7% a 21,7%, algo que pone en el centro del debate la reactivación económica.

A lo largo del 2017 se generó una crisis política que terminó con la renuncia de PPK en marzo de este año. Martín Vizcarra ha asumido el cargo y asegura que priorizará la reactivación económica. (Archivo El Comercio)
Gustavo Kanashiro Fonken 24.04.2018 / 06:13 pm

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló una cifra que dará que hablar por una largo tiempo: después de una temporada en constante reducción, la tasa de pobreza a nivel nacional aumentó y no por poco. Subió un punto porcentual, demostrando que se contaron, estadísticamente hablando, unos 375 mil pobres nuevos en el 2017, año en el que se registró una crisis política que terminó con un abrupto cambio de presidente con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

En cuestión de horas, estas cifras generaron reacciones desde todos los ámbitos políticos. Por un lado, salió el ex mandatario Alan García a acusar a los gobiernos de Ollanta Humala y PPK de paralizar políticas económicas contra la pobreza, mientras que desde el Congreso niegan cualquier responsabilidad de su lado y apuntan al Ejecutivo como el culpable. En medio de todos los señalamientos, el jefe de Estado Martín Vizcarra exhortó al trabajo en equipo para combatir esta realidad que llamó "inaceptable".

"Hubo problemas en varios niveles, en uno de ellos el excesivo ruido político que inevitablemente espantó a la inversión. Eso es responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo", comentó a El Comercio el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera.

En su opinión, que hayan surgido problemas en el sector empresarial no libra a los políticos de su responsabilidad en el aumento de la tasa de pobreza. "Hubo cosas a corto plazo que no se avanzaron, como la ley de expropiaciones que se quedó en el Congreso y que hubiera permitido avanzar obras públicas", añadió.

Macera consideró que el problema de más peso fue la percepción de un Gobierno débil ante una oposición que no daba tregua. "El sector privado vio que no se iba a trabajar reformas importantes como la laboral, que la debilidad iba a complicar la generación de competitividad. Con un panorama así, el apetito por invertir en el Perú fue nulo", añadió.

- Sin partidos ni visión -

El economista Pablo Secada consideró que, a corto plazo, se ha registrado una falta de visión en diferentes niveles, tanto en el Gobierno como en el Congreso, para promover reformas que mantengan un crecimiento sostenible y combatan la pobreza.

"Lo que permitió al Perú reducir los índices de pobreza todos estos años ha sido el 'catch-up' después de las grandes reformas que se dieron entre 1990 y 1994 para salir de la crisis de los ochentas. Llegaron las computadoras, la carreteras, los celulares, pero en todos estos años no se impulsó el segundo motor, que es la convergencia", señaló Secada, en referencia a la falta de iniciativas para reducir las brechas de pobreza.

El economista y empresario consideró que, pese al clima tenso entre Gobierno y oposición, se pudieron haber trabajado en diversos niveles para crear equipos capaces de sacar adelante propuestas de reactivación económica a la espera de una gran reforma política. "El bajón en productividad y en escaso crecimiento no se combate en un año, sino a lo largo de varios gobiernos [...] Por eso se requieren instituciones que permitirán sacar adelante reformas", indicó.

A eso le sumó la situación actual del Congreso que, pese a tener exponentes con quienes se puede sacar adelante proyectos de reactivación económica, está "capturado por quienes buscan favorecer autoridades de su jurisdicción para obtener una tajada del presupuesto".

"Necesitamos instituciones, dentro de ellas partidos políticos. Son estos los que vuelven estables las necesidades de la población y evitan que haya preferencias individuales. En paralelo, se debería empujar el trabajo en reformas pequeñas pero sostenidas, y esto lo deberían impulsar grupos o líderes políticos. Sin ellos, no hay manera de enfrentar a quienes paralizan al país por beneficio personal", concluyó.

- Por la reactivación económica -

Pablo Secada destaca la necesidad de promover la institucionalidad, mientras que Diego Macera espera que el Gobierno actual aproveche el entorno internacional positivo y proceda a destrabar proyectos importantes como Tía María o Quellaveco, o a potenciar el proceso de reconstrucción del norte.

Mientras tanto, para el analista político Luis Benavente, la prioridad debe ser la reactivación económica luego de la llamada de atención que son estas cifras del INEI.

"Estos datos le ponen una luz roja al Gobierno y a la oposición. Ahora que están trabajando mejor, deben buscar una agenda conjunta impulsada por la reconstrucción y el resurgimiento económico", comentó en declaraciones a El Comercio.

Así como Macera, Benavente destacó las condiciones favorables, tanto a nivel económico como político, que deberían permitir superar los obstáculos que paralizaron al gobierno de PPK. "El sector construcción, afectado por Lava Jato, podría destrabarse y volver a generar empleo para todos los que se quedaron sin trabajo por la crisis y la caída de varias empresas que tuvieron vínculos con Odebrecht", consideró.

Elecciones Municipales 2018: Crece la lista de candidatos para suceder a Castañeda en la alcaldía

Al menos 17 políticos han anunciado que postularán en las elecciones de octubre de este año buscando ser el nuevo alcalde de Lima. En varias jurisdicciones, veremos al hijo de una autoridad en funciones postulando para ocupar el sitio de su padre.

Casi una veintena de postulantes intentarán convertirse en el sucesor de Castañeda en el Palacio Municipal de Lima. (USI)

Ricardo Monzón Kcomt . (Perú21) 23/04/2018 13:46h

Dentro de casi cinco meses, los limeños acudiremos a los centros de votación para elegir a nuestro nuevo alcalde metropolitano, y a otras miles de autoridades locales y regionales a nivel nacional. En el caso de nuestra capital, el 7 de octubre conoceremos quién reemplazará a Luis Castañeda . Y vaya que sobran las opciones.

De los 23 partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, 17 ya tendrían definido quién los representará en la lid. Los mejor posicionados son Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Humberto Lay (Restauración Nacional). Las cifras publicadas en febrero por Datum, en Perú21, reflejan que Reggiardo ostenta un 29% de las preferencias, mientras que Lay goza del 9%. En medio de ambos, con 11%, figura el ex ministro Enrique Cornejo, quien aún no inscribe su movimiento Contigo Ciudadano.

El partido político Vamos Perú, que lidera el ex alcalde del Callao Juan Sotomayor, postularía a Lima al cómico Carlos Álvarez. En una entrevista con este diario, el 11 de marzo, el actor confirmó sus aspiraciones. “He aceptado la precandidatura a la Alcaldía de Lima”, declaró.

En las últimas semanas, dos figuras políticas conocidas han anunciado su participación en la contienda: Daniel Urresti, ex ministro y ex candidato presidencial, y Ricardo Belmont, ex congresista y ex alcalde de Lima de 1990 a 1995.

Elecciones Municipales 2018: Crece la lista de candidatos para suceder a Castañeda en la alcaldía. (Perú21)

Urresti fue anunciado el 4 de abril como postulante por el partido Podemos Perú, agrupación que logró su inscripción el 12 de enero, y que tiene como líder al ex legislador de Solidaridad Nacional José Luna Gálvez, quien postuló a la vicepresidencia de la República en los comicios generales de 2016, y que fue denunciado por tener trabajadores fantasmas en el Congreso y por usar recursos del Estado para favorecer a su universidad, Telesup.

Belmont, por su parte, dijo hace pocos días que obtuvo 100 mil firmas para su movimiento Obras, pero que no eran suficientes para lograr la inscripción. Por ello, comentó, firmaría una alianza con un partido que sí pueda participar en la justa. “Con quien iría sería con Vladimir Cerrón”, declaró.

Cerrón, ex candidato presidencial en 2016 y ex gobernador de Junín, es el presidente del izquierdista movimiento Perú Libertario. La comisión Belaunde Lossio del Congreso recomendó al Ministerio Público investigarlo por presunto tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir por irregularidades en la ejecución de obras públicas en Junín.

ALCALDES DISTRITALES

Además, unas legiones de burgomaestres distritales postularán también a la Alcaldía de Lima por la prohibición de la reelección. Juan Carlos Zurek (Somos Perú), Jorge Muñoz (AP), Manuel Velarde (Siempre Unidos) y Juan Navarro (APP) ya fueron anunciados formalmente como aspirantes de sus agrupaciones.

Elecciones Municipales 2018: Crece la lista de candidatos para suceder a Castañeda en la alcaldía. (Perú21)

A ellos se suman el ex alcalde de Jesús María Enrique Ocrospoma (Perú Nación), el ex congresista Julio Gagó (Avanza País), el ex viceministro Jorge Villacorta (Peruanos por el Kambio), la ex congresista Esther Capuñay (Unión por el Perú, que cambió a Lima Va), y el ex presidente de Protransporte Gustavo Guerra García (Partido Humanista, que cambió a Juntos por el Perú).

También postularían el ex congresista Alberto Beingolea (PPC), el hijo del actual alcalde de la capital Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional) y el abogado Alberto Bajak (Todos por el Perú).

Elecciones Municipales 2018: Crece la lista de candidatos para suceder a Castañeda en la alcaldía. (Perú21)

Cuando Keiko aseguró que fueron “estrictos” para evaluar a sus congresistas

A dos días de la segunda vuelta, el 2016, la entonces candidata por Fuerza Popular se refirió al método de selección de sus parlamentarios. Hoy, los hechos la contradicen.

Redacción: La Republica.pe 23 Abr 2018 | 16:33 h

A dos días de la segunda vuelta, el 2016, la entonces candidata por Fuerza Popular se refirió al método de selección de sus parlamentarios. Foto: La República/Archivo

Fuerza Popular se ha convertido en la bancada con más miembros cuestionados, y blindados, en el Congreso de la República. Hoy se sabe de congresistas naranjas con más de una denuncia que pone en entredicho los filtros del partido de Keiko Fujimori.

Yesenia Ponce, Betty Ananculi, Modesto Figueroa son solo algunos de los casos que recientemente han ocupado titulares por acusaciones de sus estudios y/o vinculaciones con cuestionados personajes. 

PUEDES VER:  Certificados y títulos falsos persiguen a Fuerza Popular

A estos fujimoristas se suman los casos de los parlamentarios Moisés Mamani, Maritza García (ahora en el bloque de Kenji Fujimori), Esther Saavedra, Elard Melgar y Lucio Ávila, quienes afrontan investigaciones en diferentes instancias.

Estos hechos han llevado a la bancada naranja a admitir que se equivocaron al seleccionar a sus representantes. Su portavoz alterno Héctor Becerril dijo esta mañana que “es momento de hacer un mea culpa”.

“A la luz de los hechos los partidos no hemos tenido una buena selección de los candidatos, esto debe llevarnos a pensar que tenemos que agudizar los sentidos, tenemos que ver los filtros que no han sido los adecuados y tenemos que modificar y ver de qué manera nos evitamos estos problemas”, dijo en diálogo con Canal N.

Contradice a Keiko

El balance de Becerril no hace otra cosa, a la luz de los hechos, a contradecir a su lideresa Keiko Fujimori, quien en plena campaña presidencial aseguró que fueron “estrictos” para evaluar sus candidatos al Parlamento.

Durante una entrevista con al periodista Mávila Huertas, la entonces candidata presidencial resaltó el método utilizado para colocar a sus mejores cuadros en el Parlamento, recabando de ellos todos sus antecedentes. 

"Nosotros hemos sido muy estrictos al momento de hacer las evaluaciones de los precandidatos y luego candidatos al Congreso, no solo hemos utilizado la Ventanilla Única sino también hemos pedido a cada uno de los participantes los antecedentes fiscales, penales y policiales", dijo.

https://larepublica.pe/politica/1231690-cuando-keiko-aseguro-que-fueron-estrictos-para-evaluar-a-sus-congresistas-video

Para el analista David Sulmont, la mala elección de candidatos de Fuerza Popular responde a la debilidad de los partidos políticos. En diálogo con La República, señaló: 

"No hay un proceso de selección en base a un reconocimiento de comités locales y militancia, porque esa militancia no existe. Como no tienen bases propias, los dirigentes de estos partidos buscan personajes que son conocidos en sus regiones", argumentó.

"Acá existen organizaciones dirigidas por caudillos que también deciden a quién incorporan en función de los recursos que pueden aportar a la campaña", añadió. 

Comisión Lava Jato recibió información del fiscal Hamilton Castro

Fue una colaboración realizada “por primera vez”, según resaltó la titular de la comisión Rosa Bartra.

Rosa Bartra también expresó su confianza en que el fiscal de la Nación Pablo Sánchez acuda próximamente a la Comisión Lava Jato con la información que se le ha solicitado. (Foto: Congreso)

La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, la legisladora fujimorista Rosa Bartra, dio cuenta de que este lunes ha recibido “por primera vez” información documentada importante de parte del fiscal Hamilton Castro.

“Tras un año de pedir colaboración, yo creo que por fin estamos comprendiendo que el Estado es uno solo”, dijo Bartra al señalar que la comisión ha realizado varias solicitudes con anterioridad al fiscal Castro, quien lidera el Equipo Especial del Ministerio Público que investiga el capítulo peruano del Caso Lava Jato.

Sin embargo, la legisladora de Fuerza Popular evitó revelar qué información envió el fiscal Hamilton Castro.

Según acotó en declaraciones a RPP, el grupo investigador espera además que se le permita, vía cooperación jurídica internacional, interrogar o al menos alcanzar interrogatorios para los involucrados en las pesquisas que son de distintas nacionalidades, como brasileños, mexicanos o argentinos.

“Vía cooperación jurídica internacional, estamos alcanzando todos nuestros cuestionarios para que ojalá se nos permita acompañarlos en un interrogatorio. Pero si no es posible eso, por lo menos alcanzarles el interrogatorio y que lo hagan suyo”, señaló.

En tanto, recordó que quedan dos meses para que venza el plazo de investigación otorgado a la comisión por el pleno del Congreso. Sobre el tiempo en el que se ha trabajado, Rosa Bartra aseveró: “El Ejecutivo nos ha bloqueado el acceso a información durante mucho tiempo en la gestión Kuczynski. Los diferentes sectores, la PCM, por ejemplo, en la gestión de Mercedes Aráoz. No existía respuesta ni siquiera negativa. Simplemente existía un desaire a las solicitudes de información”.

—Citación al fiscal de la Nación—

La Comisión Lava Jato debió sesionar este lunes, pero no lo hizo por falta de quórum, pues varios de sus integrantes se encontraban en el interior del país por la semana de representación.

Para la sesión de hoy se encontraba citado Pablo Sánchez, fiscal de la Nación. “Nos ha pedido reprogramación, pero con un argumento que dice necesito tiempo para recabar toda la información que usted me pone en el documento de invitación. Eso significa que no solamente va a ir, sino que va a ir con la información que se le ha pedido”, comentó Rosa Bartra.

En ese sentido, consideró que el documento enviado por Sánchez “nos abre mucha esperanza con respecto a que por fin hayamos encontrado el punto de coincidencia en que el Estado tiene que trabajar junto para enfrentar la corrupción”.

DATO

Unas 100 personas entre naturales y jurídicas pasarían a la condición de investigadas en la Comisión Lava Jato, adelantó también Bartra. Esto implicaría que se solicite el levantamiento de su secreto bancario, reserva tributaria, reserva bursátil y secreto de las comunicaciones.

Este tema será debatido en una próxima sesión.

Las declaraciones de intereses de Martín Vizcarra y sus ministros

Miembros del Ejecutivo dieron cuenta de anteriores actividades y de su participación en empresas, directorios y en organizaciones privadas

Pasa el puntero del mouse por la imagen del presidente Martín Vizcarra, en la parte superior, y de los ministros, en la parte inferior, para conocer las respectivas declaraciones de intereses. (Interactivo: René Zubieta / Solange Ávil

Redacción El Comercio 23.04.2018 / 07:26 pm

El presidente Martín Vizcarra y los miembros de su Gabinete Ministerial han publicado en los sitios web de los distintos sectores sus respectivas declaraciones de intereses.

Consignan así detalles sobre su participación en empresas, directorios y en organizaciones privadas, como los partidos políticos. También dan cuenta de sus anteriores actividades profesionales.

Entre los primeros en presentar su información se encuentran la ministra de Salud, Silvia Pessah (3 de abril); el ministro de Transportes, Edmer Trujillo (4 de abril) y el titular de Defensa, José Huerta (5 de abril).

En el caso Rogers Valencia, se señala su cargo como ministro de Comercio Exterior y Turismo en el directorio institucional del sitio web del sector. Sin embargo, la declaración de intereses difundida en dicho espacio consigna la fecha 13 de febrero del 2017, pues el documento publicado es el que el funcionario presentó en aquella ocasión cuando fue viceministro de Turismo.

En tanto, este lunes 23 de abril presentó su declaración de intereses Fabiola Muñoz, titular del Ambiente. En la infografía que acompaña a esta nota, pasa el puntero del mouse por las imágenes del presidente Vizcarra, en la parte superior, y de los ministros, en la parte inferior, para conocer las respectivas declaraciones de intereses.