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domingo, 15 de enero de 2012

Seguridad ciudadana

Viernes 13 de enero del 2012 | 11:15| Perú 21

Aunque no lo parezca, ya en el Perú las penas son severas. Si las penas son severas, ¿por qué no cumplen su función de prevención general?

Alberto Beingolea, Uso de la palabra
El Estado es ineficiente en la lucha contra el crimen porque no existe un ente responsable de asumir esa función de manera integral.

Frente a fenómenos delictivos indignantes, siempre se reclama un endurecimiento de las penas. Esta ha sido la respuesta del Estado en los últimos 20 años. Incapaz de prevenir el delito, se limita a reaccionar, aumentando sin mayor racionalidad la pena que corresponde al delito que esté de moda en la sensibilidad popular, aunque, tragicómicamente, este aumento de pena no alcanzará a quien acaba de delinquir por el carácter irretroactivo de la ley penal.
El resultado ha sido deficiente. Por más que el Estado ha aumentado penas, la tasa delictiva ha seguido siempre en aumento.
Hay que cambiar. Si actuando como lo hemos hecho hasta el momento el resultado ha sido malo, seguir actuando igual solo nos garantizará un resultado igual de ineficiente.
Para enfrentar la criminalidad se requiere la intervención de especialistas. No solo policías y abogados. Hacen falta criminólogos, sicólogos sociales, antropólogos y otros profesionales que, en un trabajo interdisciplinario, puedan ofrecer alternativas viables para prevenir el delito y reaccionar frente a su comisión de manera oportuna y efectiva.
Especialistas que puedan encargarse de planificar la lucha contra el crimen, para luego hacer el seguimiento de su implementación, hasta lograr bajar, efectivamente, la tasa de criminalidad en el país.
Felizmente, el Congreso ya dio una ley creando el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC). Está ahora en manos del Ejecutivo, quien deberá reglamentarlo, convocar a los profesionales más competentes para que integren su Secretaría Técnica y dotarlo de los recursos necesarios para que comience a actuar.
Lo segundo es entender que no se trata de seguir aumentando penas. Mucho menos como se hace hasta hoy, subiendo la carcelería para un delito en particular, sin tener en consideración otros delitos conexos. Lo que hemos logrado con esta forma de legislar es que, hoy, algunos delitos que en algún momento hirieron la sensibilidad popular tengan una pena alta, pero que otros, mucho más graves, mantengan penas menores. Un absurdo que el Congreso próximamente tendrá que corregir, cuando se termine una revisión integral del Código Penal.
Además, aunque no lo parezca, ya en el Perú las penas son severas. Lo que nos lleva a plantear un problema adicional: si las penas son severas, ¿por qué no cumplen su función de prevención general?
Una norma penal no solo sirve para sancionar a quien la infringe. Tiene como finalidad principal disuadir al poblador para que no la vulnere. Es un mensaje a todo ciudadano, a quien le dice: “Si cometes este delito, tendrás esta dura sanción”.
El problema es que, lejos de captarse este mensaje, se siente que en el Perú hay impunidad. Aquí, el Estado debe corregir estrategias (trabajo del futuro CONAPOC) y la prensa debe colaborar.
La población se entera con todo detalle de la comisión de un delito, pero no del castigo que luego recibe el delincuente. Ocurre que la sentencia se produce luego de un largo tiempo, cuando ya el tema ha sido olvidado y, entonces, lo que queda en la memoria colectiva es el hecho delictivo que tuvo larga cobertura, mas no su posterior castigo. Tenemos que difundir el castigo impuesto para que las normas penales comiencen a tener el carácter disuasivo que se quiere.
No debemos seguir haciendo política con la seguridad ciudadana. Es hora de abordarla seriamente.

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