No hay que confundir. Una cosa es la disciplina partidaria, siempre que responda a criterios de orden y ética para zanjar diferencias de percepción, estrategia u objetivos partidarios; y otra diametralmente distinta son actos de posible tráfico de influencias, clientelismo y aprovechamiento de recursos estatales, que no son del partido de gobierno, sino de todos los peruanos.
Sobre esto no puede tenderse un manto de secretismo e impunidad con el pretexto de la malentendida disciplina partidaria.
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EDITORIAL
Disciplina partidaria vs. tráfico de influencias
El secretario general y la presidenta de la Dirección Política del Apra, Mauricio Mulder y Mercedes Cabanillas, han hecho un severo llamado a sus colegas de partido para que no ventilen públicamente sus discrepancias y resuelvan sus “conflictos internos” dentro del partido.
Se trata de una invocación conocida que se aplica a diferentes situaciones y entornos, esta vez dirigida al congresista oficialista Édgar Núñez y al titular de Cofopri-Ica, Eddy García.
El asunto no tendría mayor relevancia salvo porque, en el caso bajo comentario, hay elementos que rebasan la estructura partidaria para irrumpir grave y peligrosamente en el aparato estatal. Aquí no se trata, pues, de trapos sucios que deben lavarse en casa, sino de hechos presuntamente corruptos y delictivos que deben ser investigados y denunciados por el Ministerio Público.
No hay que confundir. Una cosa es la disciplina partidaria, siempre que responda a criterios de orden y ética para zanjar diferencias de percepción, estrategia u objetivos partidarios; y otra diametralmente distinta son actos de posible tráfico de influencias, clientelismo y aprovechamiento de recursos estatales, que no son del partido de gobierno, sino de todos los peruanos.
Sobre esto no puede tenderse un manto de secretismo e impunidad con el pretexto de la malentendida disciplina partidaria.
En lo primero se llama al orden y se aplica el reglamento interno. En lo segundo se tornan urgentes y absolutamente necesarias la aplicación de la ley nacional y la intervención de las entidades fiscalizadoras, contraloras y judiciales, pues está de por medio el interés público. El Estado, y eso lo saben congresistas y funcionarios, está para servir a los ciudadanos y no para servirse de él.
A propósito de los partidos, debemos aclarar que habitualmente no nos inmiscuimos en sus cuestiones internas, salvo cuando haya relevancia pública; y luego que el problema del tráfico de influencias no es privativo del Apra, sino que también se da en otros partidos, lo cual que hemos criticado.
Yendo al fondo del asunto, se trata de temas muy graves: El jefe de Cofopri-Ica ha acusado a Núñez de usar el nombre del presidente Alan García para favorecer a un empresario de transportes en un litigio por un terreno. Núñez, por su parte, afirma que el titular de Cofopri-Ica trafica tierras en la región.
Eso no es todo. En este caso se ha mencionado también a la controvertida Universidad Alas Peruanas, de la cual Núñez es vicerrector de la filial Ica, lo que acrecienta las sospechas de tráficos de influencias.
Por lo pronto, el legislador Víctor Andrés García Belaunde ha solicitado que Núñez sea investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria y el Partido Aprista. Pero las cosas no pueden quedar allí. La contraloría debe intervenir para evaluar la gestión del Cofopri y el presunto tráfico de terrenos, en tanto que el Congreso, la fiscalía y el Poder Judicial no pueden eludir su responsabilidad de investigar objetivamente cualquier atisbo de corrupción, así como la eventual telaraña de tráfico de influencias que permite que una universidad funcione con una acción de amparo emitida en tiempos de copamiento judicial del montesinismo.
En cuanto al aprismo, como partido, lo que sus máximos dirigentes tendrían que hacer es un deslinde claro y firme contra la corrupción para permitir que se aclaren estos y otros presuntos actos presuntamente delictivos. La expresión de dicha voluntad se verá a la hora de votar en el Congreso para formar comisiones investigadoras, inhibirse (los parlamentarios involucrados) de integrar las mismas y, finalmente, votar por severas sanciones en caso necesario.
Se trata de una invocación conocida que se aplica a diferentes situaciones y entornos, esta vez dirigida al congresista oficialista Édgar Núñez y al titular de Cofopri-Ica, Eddy García.
El asunto no tendría mayor relevancia salvo porque, en el caso bajo comentario, hay elementos que rebasan la estructura partidaria para irrumpir grave y peligrosamente en el aparato estatal. Aquí no se trata, pues, de trapos sucios que deben lavarse en casa, sino de hechos presuntamente corruptos y delictivos que deben ser investigados y denunciados por el Ministerio Público.
No hay que confundir. Una cosa es la disciplina partidaria, siempre que responda a criterios de orden y ética para zanjar diferencias de percepción, estrategia u objetivos partidarios; y otra diametralmente distinta son actos de posible tráfico de influencias, clientelismo y aprovechamiento de recursos estatales, que no son del partido de gobierno, sino de todos los peruanos.
Sobre esto no puede tenderse un manto de secretismo e impunidad con el pretexto de la malentendida disciplina partidaria.
En lo primero se llama al orden y se aplica el reglamento interno. En lo segundo se tornan urgentes y absolutamente necesarias la aplicación de la ley nacional y la intervención de las entidades fiscalizadoras, contraloras y judiciales, pues está de por medio el interés público. El Estado, y eso lo saben congresistas y funcionarios, está para servir a los ciudadanos y no para servirse de él.
A propósito de los partidos, debemos aclarar que habitualmente no nos inmiscuimos en sus cuestiones internas, salvo cuando haya relevancia pública; y luego que el problema del tráfico de influencias no es privativo del Apra, sino que también se da en otros partidos, lo cual que hemos criticado.
Yendo al fondo del asunto, se trata de temas muy graves: El jefe de Cofopri-Ica ha acusado a Núñez de usar el nombre del presidente Alan García para favorecer a un empresario de transportes en un litigio por un terreno. Núñez, por su parte, afirma que el titular de Cofopri-Ica trafica tierras en la región.
Eso no es todo. En este caso se ha mencionado también a la controvertida Universidad Alas Peruanas, de la cual Núñez es vicerrector de la filial Ica, lo que acrecienta las sospechas de tráficos de influencias.
Por lo pronto, el legislador Víctor Andrés García Belaunde ha solicitado que Núñez sea investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria y el Partido Aprista. Pero las cosas no pueden quedar allí. La contraloría debe intervenir para evaluar la gestión del Cofopri y el presunto tráfico de terrenos, en tanto que el Congreso, la fiscalía y el Poder Judicial no pueden eludir su responsabilidad de investigar objetivamente cualquier atisbo de corrupción, así como la eventual telaraña de tráfico de influencias que permite que una universidad funcione con una acción de amparo emitida en tiempos de copamiento judicial del montesinismo.
En cuanto al aprismo, como partido, lo que sus máximos dirigentes tendrían que hacer es un deslinde claro y firme contra la corrupción para permitir que se aclaren estos y otros presuntos actos presuntamente delictivos. La expresión de dicha voluntad se verá a la hora de votar en el Congreso para formar comisiones investigadoras, inhibirse (los parlamentarios involucrados) de integrar las mismas y, finalmente, votar por severas sanciones en caso necesario.
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