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sábado, 20 de junio de 2015

UN ALCALDE, UNA ELECCIÓN, UN PARTIDO QUE DISCRIMINA
Diario 16



Ordenanza Municipal de San Borja prohíbe discriminar a las personas a menos que se atente contra “el honor, la moral y las buenas costumbres que afecten los valores de la familia”. 

Escribe: Brighit Cornejo.

Mientras la comunidad de lesbianas, gays, transgénero y bisexuales (LGBT) está en pie de lucha exigiendo el respeto y reconocimiento de su orientación sexual, identidad de género de todos y derechos civiles, ciertas instituciones incitan la discriminación excusándose con prejuicios de antaño. 

Este es el caso de la Municipalidad de San Borja que hace dos años emitió “La Ordenanza que prohíbe toda forma de discriminación en el distrito de San Borja” (Ordenanza 497-MBS). Hasta ahí todo bien. 

Sin embargo, al seguir leyendo y llegar al artículo tres de dicha ordenanza, nos topamos con estas palabras: “No constituyen actos discriminatorios aquellos que tengan como finalidad no permitir actos contra el honor, la moral, las buenas costumbres y/o que afecten los valores de la familia”.

Pero ¿Qué define un “acto contra el honor y las buenas costumbres?” Si eres gay y estás en un parque con tu pareja dándote un beso o un abrazo ¿Estás “vulnerando” a alguien que se encuentre cerca? ¿Si eres retirado del parque como a un delincuente no es considerado en San Borja un acto de discriminación? ¿Eso es lo que nos quieren decir?

Consultado sobre el tema, el especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, manifestó que el artículo del mencionado documento es discriminatorio porque “cuando uno habla de ordenanza contra la discriminación no pone excepciones”.

“Es inconstitucional porque la Municipalidad no tiene capacidad de calificar lo moral o lo inmoral. No se puede regular una ordenanza bajo temas de moral o de familia porque está en contra de los principios de igualdad”, añadió.

Para el presidente del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), Jorge Chávez, dicho artículo no especifica cuáles son esos valores y costumbres mencionados. Ello puede dar pie a un acto de violencia no solamente a la comunidad LGBT sino también a cualquier otra persona.

“Me parece absurdo que ese artículo contenga algo tan vago porque depende de la persona que te está juzgando. No hay un criterio para definir qué es la moral o cuáles son las costumbres o los valores familiares”, criticó.

LA CABEZA

La ordenanza del municipio de San Borja fue ejecutada bajo el gobierno del alcalde Marco Antonio Álvarez Vargas. Sí, el mismo que enfrenta un proceso penal por la desaparición forzada del técnico de impresiones de la Corporación de Desarrollo de Huancavelica (Cordeh), Luis Manrique Escobar, quien desapareció en noviembre de 1989, cuando Álvarez era jefe del Comando Político-Militar de dicha región.

Según la Asociación de Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Manrique fue retirado de su casa en ropa interior mientras diez sujetos sin identificación y vestidos con pasamontañas y pantalones verdes lo insultaban y acusaban de terrorista. Después de aquella escena, no se le volvió a ver. 

Además, Álvarez es pre candidato a las elecciones internas del PPC, para ser secretario general del partido en Lima y cuya aspiración es alentada por nada más y nada menos que la otrora lideresa pepecista, Lourdes Flores Nano y el actual presidente de esa agrupación, Raúl Castro.

Así las cosas, tenemos a un aspirante a ser un líder partidario que le da rienda suelta a una ordenanza municipal a todas luces discriminatoria. Y que, además, es alentado por las dos cabezas indiscutibles pepecistas que ofrecieron su respaldo al congresista Juan Carlos Eguren, cuando expresó la perversa afirmación sobre que si una mujer no lubrica, no se embaraza si es violentada sexualmente.

Es el propio congresista Juan Carlos Eguren, quien ofreció el juicio dirimente en la votación que se dio en el seno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que él preside, para que no se apruebe el proyecto de ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo. En PPC resulta, entonces, un círculo vicioso que legisla en pleno siglo XXI con estándares de una realidad obsoleta hace más de un siglo.

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