Salvo
contadas excepciones, el Congreso actual es un nido de impunidad y la Comisión
de Ética un mal chiste.
La congresista de Fuerza Popular Yesenia Ponce es un escándalo. Pero el caso de Daniel Salaverry, vocero titular de Fuerza Popular, es todavía más grave. (Foto: Congreso)
A
principios de este siglo se acuñó la frase “otorongo no come otorongo”. El
enunciado es despectivo y describe la disposición cómplice de los congresistas
peruanos para cubrirse las espaldas y taparse los desaguisados. No importa la
calidad del delito o la falta ética que se les impute, entre ellos se encubren
y se salvan.
La congresista de Fuerza Popular Yesenia
Ponce es un escándalo. No
solo no habría terminado el colegio, sino que además habría corrompido al
director del centro educativo que le dio el certificado de egresada escolar.
Pero el caso de Daniel Salaverry, vocero titular de
Fuerza Popular, es todavía más grave. Mientras era accionista mayoritario,
gerente general y luego apoderado de su empresa DSV Constructores, dejó de
pagar impuestos, ONP y Essalud hasta acumular una deuda con el Estado de casi
un millón de soles, eso sin contar los intereses moratorios.
En abril del 2004, Salaverry y su padre, Raúl Salaverry
Pinillos, fundaron DSV Constructores. El padre puso el 99% del capital social y
el hijo el 1% restante. La sociedad decidió nombrar gerente general al actual
congresista.
Siendo el gerente general, en setiembre del 2011 su empresa dejó
de pagar impuestos a la Sunat. Pero en enero del 2012 realizó un incremento de
capital de un millón setecientos mil soles. No pagaba impuestos, pero tenía un
millón setecientos mil soles para reinvertir y ser el nuevo accionista
mayoritario.
Cuatro meses después, entre abril y mayo del 2012, el actual
vocero de Fuerza Popular dejó de ser el gerente para convertirse en el
apoderado de su empresa. Un cargo que implica poder para intervenir y
representar a la sociedad en asuntos administrativos, judiciales y financieros.
La primera decisión que tomó como apoderado fue recapitalizar las utilidades
ganadas, incrementando su capital social con novecientos treinta y un mil soles
más.
El historial de Registros Públicos de la empresa del congresista
confirma que esta ganaba utilidades y que él mismo tenía fondos millonarios
para incrementar su capital; sin embargo, no pagaba ni impuestos ni ONP ni
Essalud.
Recién el 23 de junio del 2016, cuando ya había sido elegido,
dejó de ser apoderado de su empresa inmobiliaria. Para entonces su deuda fiscal
ascendía a novecientos setenta y cinco mil soles.
Dejando atrás tremenda arruga, Salaverry juró al cargo de
congresista y hasta el momento las entidades recaudadoras del Estado no han
logrado cobrarle ni un céntimo.
Salaverry fue acusado ante la Comisión de Ética poco después de
asumir el cargo, pero no por la deuda millonaria que le tiene al Estado, sino
porque su empresa tampoco les habría pagado a dos pequeños empresarios
trujillanos proveedores de material de construcción. A pesar del reclamo de
estos ciudadanos, en diciembre del 2016 la Comisión de Ética declaró
improcedente la denuncia contra Salaverry. En sus descargos, dijo que él no era
responsable porque dejó de ser gerente general en el 2012. Lo que no dijo fue
que dejó la gerencia para convertirse en apoderado, un cargo que le otorgó las
mismas facultades de un gerente general.
Salvo contadas excepciones, el Congreso actual es un nido de
impunidad y la Comisión de Ética un mal chiste. No olvidemos que los
congresistas Guillermo Martorell (no agrupado), Zacarías Lapa (Frente Amplio) y
Benicio Ríos (APP) tienen sentencias judiciales efectivas, pero no están en la
cárcel porque gozan de inmunidad.
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