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lunes, 13 de abril de 2009

CAMINO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Vecinos dueños de su destino

Intervenir en el presupuesto participativo es un derecho y un deber. Defensoría y municipalidades deben capacitar a los ciudadanos

Por: Eldy Flores

¿Es usted un vecino indiferente o preocupado por la gestión municipal? Si está en el primer caso, no lo culpamos. Puede estar decepcionado de la política o quizás no conoce cómo participar para voltear el partido a su favor. Pero la responsabilidad no solo es suya. Si se ubica en el segundo caso, lo felicitamos y alentamos a mejorar cada día su “perfomance”.

Es necesario que ambos sepan que el Estado es el principal responsable de la educación y la difusión de los derechos y deberes ciudadanos para lograr la participación activa de cada uno de nosotros en la gestión municipal, tal como la ley manda.

Así lo sostiene el doctor Julio César Castiglioni Ghiglino, consultor de este Diario, especialista en derecho municipal, a quien entrevistamos acerca de lo que se debe saber para intervenir adecuadamente en el presupuesto participativo para el 2010, proceso al que han convocado públicamente muy pocos distritos.

El especialista advierte que muchas municipalidades se aprovechan de los vacíos que tiene la ley sobre el tema y del desconocimiento de los vecinos de sus derechos y deberes ciudadanos.

¿Qué es el presupuesto participativo? El experto responde: Es un proceso que busca integrar a la sociedad civil con el gobierno en los niveles regional, provincial y distrital para elaborar y ejecutar planes de desarrollo concertados.

¿Quiénes participan? Según la ley —dice Castiglioni—, debe hacerlo toda la sociedad civil, representada principalmente en juntas y asociaciones vecinales. Se incluyen las comunidades nativas y campesinas. No las agrupaciones políticas.

¿Cómo participan? La municipalidad debe convocar públicamente al proceso, que incluye primero la inscripción de los representantes vecinales, la elección de algunos de ellos —que serán llamados a partir de ese momento agentes participantes—, y la capacitación de estos para lograr la elaboración de planes de desarrollo integral del distrito.

Los problemas surgen desde el principio del proceso, alerta el especialista. Quien lo reglamenta, vía ordenanzas, es la misma municipalidad. “Por tanto, no es difícil deducir que buscará trabajar solo con las organizaciones de vecinos que apoyan la gestión o que son manejables y sacar del camino a las opositoras o críticas”.

¿Cómo lo conseguirá? “Con la zonificación de la ciudad, que acomodará a sus fines. Con la no implementación de juntas vecinales incómodas. Con la elección de los representantes amigos. Con la no difusión de la convocatoria”.

Y si de todos modos se filtran representantes o proyectos de desarrollo que no se acomodan a sus fines, no hay pierde, según Castiglioni. Los representantes municipales suman el 60% y los vecinales, el 40%. Tienen la mayoría para votar. Además, lo acordado va al concejo municipal para su aprobación final.

¿Y ahora, quién podrá defendernos? “El Estado, a través de la Defensoría del Pueblo, que debería organizar seminarios informativos y formativos antes de que se convoque el proceso de presupuesto participativo”, concluye el consultor.

Los ciudadanos debemos tomar conciencia de que intervenir en el presupuesto participativo es un derecho y no un favor otorgado por la autoridad municipal.

PRECISIONES

  • La ley protege al ciudadano


La Constitución
Establece que es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. También, que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.

Ley 27783
La Ley de Bases de la Descentralización señala que los gobiernos municipales están obligados a promover la participación ciudadana.

Ley 27972
La Ley Orgánica de Municipalidades dispone la participación ciudadana en la gestión edil.

Ley 26300
La ley de los derechos y control ciudadanos describe las atribuciones de los vecinos.

Ordenanzas municipales
Deben establecer la amplia participación ciudadana, aunque normalmente no se cumple.

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