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jueves, 14 de enero de 2016

Actualidad: César Acuña es uno de los principales beneficiarios del sistema que produjo una educación que anda por los suelos.
Millonaria Paradoja
Caretas

Acuña presentó al Jurado Electoral su plancha conformada por Anel Townsend y Humberto Lay.

La presentación de la hoja de vida y la declaración jurada de César Acuña ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 puso en su real perspectiva al candidato de Alianza Para el Progreso. Y también puso la plata sobre la mesa.
Según declaró para formalizar la inscripción de su plancha presidencial, Acuña tiene un ingreso anual de más de S/ 56 millones. Las fuentes que describe provienen de sus tres universidades y el equipo de fútbol, además de, marginalmente para este caso, su trabajo como exgobernador regional de La Libertad.

A ello se suman inmuebles avaluados por casi S/ 5.5 millones, los que suenan a poco si se toma en cuenta el conjunto: dos departamentos –uno en Lima y otro en Trujillo– ocho terrenos en La Libertad y Lima, siete casas –cuatro en Trujillo, una en Chiclayo y dos en Lima– y un estadio.

Su lista de 110 vehículos (15 ómnibus, 14 microbuses, 20 trimotos, 56 camionetas, dos camiones y 3 automóviles) está tasada en S/ 9.4 millones.
Todo inscrito a su nombre. El acuerdo de divorcio al que arribó hace poco no pareció hacerle ni cosquillas.

El sábado 9 venció el plazo para presentar el primer reporte de ingresos y gastos de campaña. A APP se le pasó la fecha y entregaron el documento finalmente el lunes 11.

Ya con la información de todas las campañas, la ONPE determinó que Acuña ha gastado hasta ahora casi S/ 3.9 millones. Esto equivale a más del doble de todas las demás campañas juntas. PPK ha invertido S/ 509 mil y el APRA, S/.402 mil. Fujimori está detrás con solo S/ 186 mil.

De la información entregada por APP se desprende que contrató al publicista argentino-brasileño Julio Favre por S/ 1.7 millones. Una buena cantidad, pero en principio muy lejos de los US$ 3 millones que, según trascendió, le pidió a Kuczynski.

El lunes 11 dijo en Trujillo refiriéndose a sí mismo en tercera persona que “está comprobado que Acuña tiene plata como cancha”. Y aludió a la que sería la lista incompleta de bienes. “Todavía no están las propiedades. O sea, sino imagínense, ahí se alocan. Plata como cancha”.

Vale la pena recordar que lo de plata como cancha se desprende de un vídeo grabado en el 2010, que es la pieza central de una acusación de la Fiscalía por inducción al voto, y por lo que podría ordenarse un juicio oral contra él en los próximos días.

Independientemente de las percepciones sobre lo conveniente o no de tener millonarios en la campaña presidencial, y la vulgaridad que pueden destilar en algunos casos, el cuestionamiento esencial a la fortuna de Acuña consiste en su origen.

Su consorcio de universidades –César Vallejo, Señor de Sipán, Autónoma del Perú– es un producto del Decreto Legislativo 882, promulgado por el gobierno de Alberto Fujimori.

Allí se reconoce el derecho de “toda persona natural o jurídica” a la “libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa”.

La familia en pleno, con el fallecido patriarca Héctor Acuña Cabrera.

Las universidades privadas con ánimo de lucro, como las de Acuña, están obligadas, por ley, a pagar el impuesto a la renta. Sin embargo, una investigación parlamentaria del 2011 determinó que, entre 1996 y el 2008, se acogieron a beneficios tributarios que solo debieron prolongarse hasta 1999.

Acuña se vende como la encarnación política del emprendedurismo que tanto celebra un sector de la prensa en el Perú. Pero a la vez es producto del modelo neoliberal fujimorista, que pretendió remediar las limitaciones del Estado con su desaparición.

Resulta paradigmático, entonces, que ahora que el país confronta los límites impuestos por su paupérrimo estado educativo, uno de los principales beneficiarios con la situación exhiba el trofeo de sus cuentas bancarias.

Hoy Acuña declara su apoyo a la reforma universitaria, pero durante el debate que la precedió no ocurrió lo mismo.

Cuando en julio de 2014, el presidente Ollanta Humala promulgó la ley y criticó a las universidades por “lucrar con los estudiantes” y servir “de caja chica a los políticos”, el congresista de APP –y actual presidente del Parlamento– Luis Iberico le respondió que mejor se enfoque en las universidades con presupuesto antes que fijarse en las privadas.

El martes 12, Humala declaró que el fenómeno actual “es el surgimiento de poderes económicos construidos alrededor de un negocio que se llama universidad, donde la calidad no es la óptima”.

El Presidente insistió en que “la educación es una política de Estado, no de mercado. Si el Perú no tiene una buena educación y se mantiene vendiendo naranjas como en el pasado, como un país subdesarrollado, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A la universidad o el Estado?”.

Y añadió que “vemos operadores que ingresan al Congreso e inmediatamente se enquistan en las comisiones de Educación para que el negocio siga avanzando. Cobran pensiones con modalidades como estudio a la distancia, pero sin calidad educativa”.

Un caso como el de Acuña se ciñe a la descripción de Humala.

Pero la crisis alcanza a buena parte de casas de estudios superiores. Incluso una histórica, y pública, como es la Universidad Mayor Nacional de San Marcos. Al final, su rector Pedro Cotillo fue vacado por decisión del Poder Judicial y, aunque el Consejo Académico pretendió imponer a un sucesor cercano a él, la Superintendencia Nacional Universitaria (Sunedu) aplicó los estatutos vigentes y, ante la vacancia, definió que el cargo sea asumido por la vicerrectora académica Antonia Castro Rodríguez.

Si la UCV no aparece en los ránkings internacionales, San Marcos, la respetada decana, cayó del puesto 46 al 60 en las universidades de la región entre el 2012 y el 2015.

Parte del debate electoral actual se relaciona con la subsistencia de la Sunedu –que acaba de cumplir su primer año-. Competidores de Acuña como Alan García, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori se han declarado a favor de suprimirla. Pedro Pablo Kuczynski se inclina por una salida “intermedia” (CARETAS 2418).

Daniel Mora, el congresista exchakano que impulsó la reforma, terminó en la tienda del candidato “chico” Julio Guzmán, quien está entre los pocos que se declaró a favor de mantener la Superintendencia. 

Pero, aquí nomás, los vecinos miembros de la Alianza del Pacífico tienen sus propios entes reguladores de la calidad universitaria, que trabajan en las áreas de acreditación, licenciamiento y formulación de políticas universitarias.

Si el actual millonario patrimonio de Acuña puede comenzar a pesar, el pasado más remoto de la familia también va camino a convertirse en un dolor de cabeza.

El martes 12, la periodista Patricia del Río preguntó en las cabinas de RPP al congresista Virgilio Acuña –hermano de César– sobre la extendida versión de una supuesta sentencia por tráfico ilícito de drogas impuesta al padre de ambos, Héctor Acuña Cabrera, en el año 1979. Según la historia que circula insistentemente por redes sociales, el patriarca estuvo vinculado a Perciles Sánchez, el personaje fundacional de la “saga” de los Sánchez Paredes.

Virgilio Acuña lo negó tajantemente.

Universidad y publicidad política, por lo que ya fue sancionado.

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