Por supuesto, habrá que esperar un tiempo prudente, pero de ninguna manera muy dilatado, para saber si el gobierno de la saliente Bachelet tendrá la dignidad y la responsabilidad democrática para —ante la contundencia de las pruebas— hacer el deslinde solicitado y ofrecer las satisfacciones por lo ocurrido.
En lo militar nada debe inducirnos a caer en la trampa de las provocaciones fronterizas, porque eso podría ser, exactamente, el pretexto que esperan los militaristas chilenos para lanzar una agresión mayor. Eso sí, el programa de recuperación de nuestra defensa no debe demorar un minuto más.
http://elcomercio.
EDITORIAL
La ruta a seguir en una tensa relación
Por segunda vez en la historia reciente el espionaje chileno es causa de la degradación de las relaciones bilaterales entre el Perú y Chile. En 1978, durante el régimen del presidente Morales Bermúdez, se descubrió que la Marina de Guerra de Chile había sobornado al suboficial FAP Julio Vargas Garayar, para espiar las instalaciones de la Base Aérea de Talara. A consecuencia de ello, el espía fue fusilado, dos oficiales sureños deportados vergonzantemente (con los ojos vendados) y el embajador de Santiago, Francisco Bulnes Sanfuentes, fue declarado persona no grata y expulsado del Perú. Alevosamente, la dictadura chilena de la época premió a los involucrados, sin disculparse ante nuestro país.
Veintiún años después se ha descubierto que el suboficial de Inteligencia FAP Víctor Ariza Mendoza espiaba —aparentemente desde hace unos cinco años— a órdenes de Chile, poniendo en grave riesgo la seguridad nacional, puesto que habría entregado la lista de compras de la Fuerza Aérea hasta el 2021 y de los oficiales destacados a la Inteligencia Aérea, con claves y códigos.
Igual que en el pasado remoto, cuando los espías chilenos infestaron el Perú desde antes de la Guerra del Pacífico, e igual también a lo ocurrido en 1978, ahora la cancillería santiaguina niega los hechos, sosteniendo que “Chile no espía [...] es un país serio en sus relaciones internacionales, actuamos con criterio de transparencia”
Veintiún años después se ha descubierto que el suboficial de Inteligencia FAP Víctor Ariza Mendoza espiaba —aparentemente desde hace unos cinco años— a órdenes de Chile, poniendo en grave riesgo la seguridad nacional, puesto que habría entregado la lista de compras de la Fuerza Aérea hasta el 2021 y de los oficiales destacados a la Inteligencia Aérea, con claves y códigos.
Igual que en el pasado remoto, cuando los espías chilenos infestaron el Perú desde antes de la Guerra del Pacífico, e igual también a lo ocurrido en 1978, ahora la cancillería santiaguina niega los hechos, sosteniendo que “Chile no espía [...] es un país serio en sus relaciones internacionales, actuamos con criterio de transparencia”
El presidente Alan García, con justa razón, ha sostenido enfáticamente que “Solo el que se siente menos espía [...] Tenemos el derecho de pedir explicaciones [...] Queremos creer que son algunos sectores que todavía conservan las costumbres pinochetistas”
Frente a esta postura intransigente y por tanto incapaz siquiera de admitir la contundencia de las pruebas, pedir disculpas y ordenar una investigación interna en Chile, como correspondía, y ante este récord histórico de intrusiones en contra del Sistema de Defensa Nacional peruano, cabe preguntarse: ¿Si oficialmente no es el Estado de Chile el que ordena el espionaje, entonces, quién, y para qué, está incurriendo en un acto de hostilidad contra el Estado soberano del Perú?
En pleno momento electoral, es de esperar que las fuerzas democráticas chilenas contribuyan a encontrar una solución adecuada a este caso para que la relación entre los dos países se normalice de una vez por todas.
A LA ESPERA DEL DESLINDE Y SIN CAER EN LA PROVOCACIÓN
El canciller García Belaunde ha sido muy prudente al precisar que el Perú no piensa romper relaciones con Chile ni comprar más armas, salvo las que naturalmente sirvan para la defensa del territorio y la soberanía nacional. El presidente García también ha dicho que: “Nos toca con todo respeto pedir al Gobierno de Chile las investigaciones correspondientes [...] para que pueda darnos los deslindes correspondientes que el Perú en este momento reclama”.
Más sensato y pacífico que eso no puede ser el Perú, especialmente después de que el espionaje chileno apareció como un acto de boicot a la propuesta de avanzar dentro del Unasur en un pacto de no agresión y un sistema de verificación de adquisiciones bélicas realmente basado en la transparencia no solo de compras sino de gastos operativos militares. Planteamiento que ya ha tenido amplia aceptación en Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y cuya presentación ante las autoridades chilenas fue frustrada precisamente por este impasse.
Por supuesto, habrá que esperar un tiempo prudente, pero de ninguna manera muy dilatado, para saber si el gobierno de la saliente Bachelet tendrá la dignidad y la responsabilidad democrática para —ante la contundencia de las pruebas— hacer el deslinde solicitado y ofrecer las satisfacciones por lo ocurrido.
En el entretanto, es indispensable trabajar en varios frentes: internamente todas las fuerzas políticas auténticamente peruanas están obligadas a mantener la cohesión y la unidad para dar soporte a las decisiones de nuestro Gobierno. Sería traicionero que se haga politiquería a partir de la hostilidad chilena.
En lo económico sí debe revisarse la relación. La fluidez actual no tendría por qué interrumpirse si se hacen algunas reservas al Acuerdo de Complementació
En lo militar nada debe inducirnos a caer en la trampa de las provocaciones fronterizas, porque eso podría ser, exactamente, el pretexto que esperan los militaristas chilenos para lanzar una agresión mayor. Eso sí, el programa de recuperación de nuestra defensa no debe demorar un minuto más.
En lo diplomático es con mayor razón urgente seguir presentando la propuesta peruana de paz estable, ya no solo ante los países sudamericanos, sino también en instancias como la OEA y la ONU. En una situación necia como la actual, y no provocada por los peruanos, la vigilancia y monitoreo del caso por parte de la comunidad internacional contribuirá a garantizar que la tensión no escale a niveles más peligrosos.
Jurídicamente, por supuesto, la tramitación de la causa marítima ante La Haya no tiene por qué detenerse, especialmente cuando queda ratificada la voluntad pacífica de discurrir a través de los cauces previstos por el derecho internacional. El Perú no tiene ningún diferendo fronterizo terrestre con Chile y cuando el contencioso marítimo se falle en La Haya la delimitación estará plenamente sellada en tierra y mar.
Finalmente, en el caso de la opinión pública, esta es hora de dejar de lado cualquier posición sensacionalista y patriotera para orientar a nuestro pueblo, al pueblo chileno y al mundo en el claro sentido de que si bien no estamos dispuestos a dejar que se mancille el interés nacional, tampoco queremos alentar aventuras políticas y bélicas insensatas que —aparte de los vendedores de armas— a nadie beneficiarían
Seiko Ibañez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario