En primera votación, el pleno aprobó la prohibición también para apología del terrorismo, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas y corrupción.
El dictamen fue aprobado con 68 votos a favor y cuatro en contra. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción El Comercio
En primera votación, el pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone que los condenados con sentencia firme por terrorismo y apología de ese delito no puedan trabajar en el sector público, refrendado previamente por unanimidad en la Comisión de Fiscalización.
Antes de la votación, el titular del mencionado grupo de trabajo, Rolando Reátegui, presentó un texto sustitutorio en el que fueron incluidos otros delitos al proyecto.
Estos son: lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas y corrupción de funcionarios.
El dictamen fue aprobado con 68 votos a favor y cuatro en contra. “La presente ley alcanza a todas las entidades de la administración pública que tengan cualquier régimen laboral general o especial vigente para la contratación de personal”, indica el documento.
La ley entrará en vigencia 90 días después de su publicación, con la finalidad de que las instituciones adecúen su procedimiento de selección de personal.
“En caso de que el trabajador se encuentre comprendido en algunos de los supuestos señalados [los delitos] y mantenga vínculo laboral con el Estado, bajo cualquier modalidad, este vínculo deberá ser resuelto”, detalla el texto sustitutorio.
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