Hizo bien el primer ministro en dejar de lado la eliminación de la cifra repartidora que, de manera equívoca, se le ha atribuido la causa de la mayoría de votos que ostenta Fuerza Popular en el Congreso.
De las seis propuestas del Gabinete Villanueva, tres de ellas tienen que ver con el tema del financiamiento de la política. (Foto: Congreso)
Fernando Tuesta Soldevilla - El Comercio
El Gabinete Villanueva se presentó y obtuvo del Congreso el esperando voto de confianza. Sin embargo, lo que llama la atención, comparado con la presentación de otros gabinetes, es el nivel de importancia que se le ha conferido al tema de la reforma política. No obstante, de los temas propuestos por el presidente Vizcarra en la entrevista que ofreció a CNN –bicameralidad, eliminación del voto preferencial y la cifra repartidora– solo ha quedado el primero. La eliminación del voto preferencial, siendo un tema de vital importancia, ha sucumbido seguramente a la presión de los congresistas de diversas bancadas que, a coro, se oponen. La permanencia del voto preferencial será un obstáculo para cualquier propósito de fortalecer a los partidos políticos. Por otro lado, hizo bien el primer ministro en dejar de lado la eliminación de la cifra repartidora que, de manera equívoca, se le ha atribuido la causa de la mayoría de votos que ostenta Fuerza Popular en el Congreso.
De las seis propuestas del Gabinete Villanueva, tres de ellas tienen que ver con el tema del financiamiento de la política: sancionar penalmente la no declaración del financiamiento de las campañas electorales; la obligatoriedad para que toda persona que postule a un cargo elegido por votación popular autorice automáticamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el acceso a su secreto bancario, tributario y bursátil; e incorporar a las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF y contar con un sistema especializado de prevención de lavado de activos. Medidas importantes pero que tendrán un impacto menor si no se disminuye claramente el porcentaje de aportes privados a las campañas electorales. Esto se logra incrementando la franja electoral (u otra modalidad de acceso de los partidos a los medios de comunicación), pero prohibiendo la compra de espacios fuera de esta. De la misma manera, se debe otorgar financiamiento público directo para las campañas electorales, como ocurre en casi todos los países de la región. Sin estas medidas, los partidos seguirán siendo vulnerables al dinero privado.
Sobre la obligatoriedad de que los partidos elijan a sus candidatos en elecciones internas supervisadas por los órganos electorales, no tendrá el impacto deseado. Solo si la ONPE organiza, no si supervisa, fiscaliza o presta asistencia técnica, se podrá tener un efecto decisivo en la eficacia y calidad de las elecciones internas de los partidos, casi en su totalidad hoy cuestionadas por sus miembros.
Sobre la equidad entre hombres y mujeres en las listas de candidatos, no tendrá impacto si no se incluye alternancia en la composición de las listas y se elimina el voto preferencial.
Finalmente, el retorno a la bicameralidad no solo es una medida necesaria sino la mayor en impacto, pues obra en diversas direcciones. Como hemos comentado en este espacio el 26.4.2018, la bicameralidad puede mejorar la representación si se diseñan adecuadamente las funciones de las cámaras, el origen y período del mandato y el tipo de circunscripción. Esperemos por ahora los proyectos de ley que deben ser presentados por el Gabinete Villanueva, pero el camino trazado es el correcto.
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