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domingo, 16 de mayo de 2010

Municipalidad y Gobierno Regional del Callao avalaron construcción ilegal en playa Oquendo
Un terreno adquirido a través de un aparente testaferro y un cerco con permisos irregulares comprometerían al alcalde Félix Moreno y al presidente regional Álex Kouri
Domingo 16 de mayo de 2010 - 10:45 pm - El Comercio
Frente a la playa Oquendo, en el Callao, un almacén de más de 48 mil m2 fue construido en una zona restringida.
La historia es la siguiente. En agosto del 2003, Juan Alva Cano, un almacenero de barcos, inscribió ante los Registros Públicos un terreno de más de 82 mil metros cuadrados, casi 9 hectáreas, que él declaró haberlas ocupado como su vivienda durante 10 años. Según se puede confirmar a través de Google Maps, ninguna casa se ha construido en dicho espacio desde el 2002.
Un mes después, dicho sujeto le vendió el terreno a Iván Oswaldo Márquez Mori, nada menos que el hijo de su jefe, por apenas 50 mil soles.
Entonces, empezó el festín de las ventas. En el 2006, Iván Márquez le vendió el 30,4% de dicho espacio a la empresa LSA Enterprises Perú, por 240 mil dólares. Tres años después, la compañía Contrans compró el 21% del terreno por 1’138.000 dólares.
CONSTRUCCIÓN ILEGAL
Enterprises Perú decidió cercar el terreno y logró que la Municipalidad del Callao, que aquel entonces era dirigida por Félix Moreno, autorizara la construcción del cerco provisional de 48.900 metros, sin tener competencia en ello.
El capitán de navío BAP José Antonio Calvo explica que “hay una ocupación ilegal que está dentro de los 50 metros de la línea de más alta marea”, y que se necesitaría una resolución suprema firmada por el presidente de la República, lo que no se hizo.
Además, el cerco se encuentra dentro del espacio donde el mismo municipio iba a ejecutar un proyecto: el malecón Oquendo. Así, se ha obstaculizado la entrada a la playa para las personas y hasta se cerró el paso a la avenida Néstor Gambeta.
El mismo gobierno regional, en ese entonces presidido por Álex Kouri, a través de Defensa Civil, otorgó el permiso para su construcción sin que siquiera se haya terminado dicho cerco.
El abogado de la empresa Enterprises defendió a la compañía y aseguró que se ha construido de acuerdo a todas las normas legales y con el aval de la municipalidad del primer puerto.

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