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martes, 30 de marzo de 2010

Defensoría dispone supervisión de carteles con propaganda política en obras públicas
 
  • Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, dispuso supervisión de proganda política en las obras públicas. Foto: ANDINA/Rubén Grández.
    Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, dispuso supervisión de proganda política en las obras públicas. Foto: ANDINA/Rubén Grández.
  • Lima, mar. 30 (ANDINA).- La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, dispuso la supervisión del eventual uso de propaganda política en obras realizadas por las autoridades locales, a fin de evitar la utilización de recursos públicos a favor de candidaturas electorales. Dijo que su despacho ya le pidió a Eliana Revollar, jefa de la Oficina Defensorial de Lima, que elabore un informe sobre el uso de carteles y paneles, con el nombre de autoridades locales, en los lugares donde se realizan obras de carácter público.
    Merino sostuvo que ese pedido surge a raíz de numerosas denuncias formuladas a través de los medios de comunicación, particularmente de las radios, que abrieron sus micrófonos para recoger el sentir ciudadano.
    “Eso me ha preocupado mucho, y justamente le he pedido hace pocos días a la doctora Revollar que tengamos una supervisión para ver qué ocurre allí y cómo podemos intervenir.”
    La titular de la Defensoría garantizó que su institución tiene “las puertas abiertas” para que la ciudadanía en general pueda denunciar a todos aquellos funcionarios que violan el principio de la neutralidad, establecido por las normas que regulan una campaña electoral.
    Precisó que la supervisión de la Defensoría puede darse tanto a nivel de los gobiernos regionales como de los concejos provinciales y de distritos.
    Según explicó, la labor de la Defensoría a nivel nacional no sólo se limitará a los carteles que pueden tener propaganda política, sino también a otros aspectos de carácter electoral como los llamados “votos golondrinos”.
    “Todavía no llegan esas denuncias a la Defensoría, pero es un principio que todo funcionario público debe respetar: no deben ni pueden utilizar recursos públicos en lo que son las campañas, no sólo de reelección sino también de algún simpatizante o de algún colega. Esa es una cosa escrupulosa y estricta.”
    Merino diferenció el uso de recursos públicos en campañas proselitistas, con la celebración local de ceremonias de inauguración, donde son invitadas otras autoridades del Gobierno Central.
    Argumentó que en esos casos las autoridades locales invitan a los altos funcionarios del Estado, como una forma de protocolo entre las diversas instancias de gobierno.
    “Eso es algo diferente. Hablamos de que ahora que la campaña empiece, las autoridades usen su cargo o los recursos que tienen para favorecer una determinada candidatura, y eso está prohibido por la ley. En eso la Defensoría estará atenta y supervisará y recibirá la denuncia de los ciudadanos.”
    Finalmente, adelantó que la Defensoría analizará los alcances del proyecto de ley del Código de Consumo que el Poder Ejecutivo presentará al Congreso, y dará a conocer su opinión cuando así se lo soliciten los representantes del Gobierno.
    Beatriz Merino formuló estas declaraciones tras participar en el lanzamiento del proyecto "Auditores Juveniles", impulsado por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación, como parte de la estrategia de lucha contra la corrupción.

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