Liliana Rojas. - La República
Asimismo, concordaron en que este proceso que conduce a la municipalización de la gestión educativa solo será exitoso en tanto se garantice la transferencia de competencias, formación y fortalecimiento de capacidades y el acceso a presupuestos y sistemas a los gobiernos locales.
Gonzalo Alegría, de Acción Popular; Fernando Andrade, de Somos Perú; Luis Iberico, de Alianza para el Progreso; Susana Villarán, de Fuerza Social, y Lourdes Flores, del Partido Popular Cristiano-Unidad Nacional, expusieron sus propuestas en el II Congreso de Políticas Educativas realizado en la Universidad Católica del Perú.
Tanto Alegría como Andrade destacaron el proceso de descentralización educativa iniciado hace 3 años, y coincidieron en que si alguno de ellos llega a la alcaldía de Lima lo continuarán sin cambios.
Sin embargo, Susana Villarán precisó que si ella es la candidata elegida en Lima sí planteará modificaciones para garantizar una educación de alto nivel.
“Siendo un derecho humano, la educación debe llegar a todos por igual y ser de calidad, intercultural, ética, crítica y solidaria”, dijo.
Para ello, propuso mejorar la calidad de la educación pública, implementar programas para el retorno de niños a las escuelas y de prevención del pandillaje.
Lourdes Flores, por su parte, dijo estar conforme con lo avanzado en el proceso de descentralización, pero opinó que es necesario hacer aclaraciones en la norma.
Sobre las propuestas educativas del PPC-UN, Flores dijo que estas se basan en políticas que buscan la calidad educativa con mejoras en contenidos, ampliación en la jornada escolar, uso de tecnologías y capacitación de docentes.
Iberico propuso cambios a fin de que el escolar reciba también una instrucción técnica.
Proceso involucra a 11 distritos en Lima
El proceso de descentralización educativa empezó a nivel nacional en el 2007 con un proyecto piloto en 56 centros educativos. En Lima son 11 los colegios involucrados.
El proceso, que consta de tres etapas –programa piloto, expansión y generalización– debe culminar en el 2015.
Al empezar el año, la Defensoría del Pueblo observó que el diseño del plan piloto de municipalización educativa no se articula con el proceso de descentralización: hay transferencia administrativa, mas no de competencias y funciones.
Además, la coordinación del Ministerio de Educación con gobiernos regionales y locales es débil. La Defensoría recomienda ordenar la transferencia de responsabilidades.
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