Por Daniel Yovera
Importantes testigos del
caso Comunicore, precisamente los tres pobladores del distrito de Comas que fueron
usados como testaferros y colocados en el directorio de esa empresa semanas después de que la Municipalidad de Lima le pagara los S/.35.9 millones,
vienen siendo víctimas de hostigamiento para que no le cuenten a la justicia lo que saben.
Ayer, luego de que rindieran su testimonio, durante cuatro horas, ante la Primera Fiscalía Anticorrupción –que los citó para que esclarecieran este sospechoso pago efectuado a inicios del año 2006–, dos de los testigos, Margarita Esteban Aróstica y Joel García Araujo, junto con su abogado, Efrey Becerra Garay, salieron de la sede del Ministerio Público y tres sujetos que los esperaban en la calle empezaron a seguirlos y a fotografiarlos.
El excesivo nerviosismo por lo que puedan decir Esteban y Araujo, así como el tercer poblador de Comas, Teodardo Rojas Aróstegui, se explica por el hecho de que los tres le han entregado a la Fiscalía el nombre del personaje que, según sostienen, los captó a fines del año 2005 para “firmar papeles diversos” y reemplazar –sin que lo hayan sabido– al exitoso directorio que logró, en tiempo récord, cobrarle los S/.35.9 millones a la gestión de Luis Castañeda Lossio.
El personaje en cuestión se llama Joule Handi Vila Vila.
ASÍ FUERON CAPTADOS. De acuerdo con el relato de Esteban, de Araujo y de Rojas a Perú.21, y que coincide con el que ofrecieron ayer ante la Fiscalía, a fines del año 2005, Vila se acercó a cada uno para ofrecerles trabajo a cambio de que sacaran sus números de RUC ante la Sunat.
El año que indican los testigos coincide con el tiempo durante el cual el
municipio y Relima negociaban la acreencia. Como se recuerda, en octubre de 2005, la comuna se comprometió con Relima a pagarle según un cronograma de 10 años, pero, el 20 de diciembre, esta transnacional le
vendió el íntegro de la deuda a la pequeña y anónima Comunicore.
Desde la primera semana de enero de 2006, el municipio limeño empezó a pagarle a Comunicore el íntegro de la deuda y con una extraña diligencia. Los testigos dicen que, semanas después de tramitar su RUC, fueron llamados nuevamente por Vila.
A la señora Esteban la llevó en tres ocasiones a distritos que ella ni siquiera conoce y que, ahora, presume, uno de ellos sería San Isidro o Miraflores. La testigo narra que, aquellas veces, Vila la llevó a unas oficinas y le hizo visar documentos que ni siquiera pudo leer pues ella es iletrada. A cambio, la testigo recibió una promesa de trabajo que nunca llegó.
Con Joel Araujo fue distinto. Este testigo refiere que Vila le pidió que cobrara cheques ya girados a su nombre. “He cobrado cheques unas cinco veces… venía a mi casa, me llevaba en taxi hasta los bancos (solo recuerda que eran Interbank y Scotiabank, no ubica las avenidas ni los distritos), me daba el cheque para endosarlo, no me dejaba ver los montos, yo lo firmaba y él lo llevaba a la ventanilla”, relata.
Araujo no veía los montos inscritos en los cheques, pero recuerda que había “billetes grandes”. Afirma que, cuando su “trabajo’ terminaba, Vila le daba 100 soles y lo embarcaba en taxi de regreso a su casa, en Comas. En cambio, a Teodardo Rojas lo hizo viajar hasta Cajamarca para cobrar un cheque de S/.20 mil. La modalidad fue la misma que la usada con Araujo.
Según el relato de los testigos, estos hechos ocurrieron
“semanas después” de que Vila los llevara a la Sunat. Como se recuerda, solo días después de la
transferencia de la deuda de Relima a Comunicore, el municipio empezó a pagar. ¿Quién emitió los cheques cobrados? ¿Era el dinero cobrado por Comunicore?
Ninguno de los tres testigos lo sabe. Y ninguno acepta haber participado en “directorios” o “juntas de accionistas” o haber viajado a La Oroya para efectuar “cambios de razón social”. Sonríen nerviosamente y se avergüenzan porque ni siquiera entienden bien dichos conceptos. Pero también se sienten utilizados y todavía no asumen su condición de testigos de un caso que compromete millones de soles.
EL ROL DE VILA. Sin embargo, para la Fiscalía, Joule Vila no es un personaje tan nuevo. Durante sus pesquisas, encontró que su nombre figuraba como la persona que tramitó ante la Oficina de Registros Públicos el cambio de denominación de Comunicore a Grupo Esaróstica Contratistas Generales.
Aquí, empero, entra a tallar un aspecto clave. Perú.21 posee dos documentos del estudio de abogados Palacios & Torrejón, cuyo socio principal es Guillermo Palacios Dodero, a su vez, socio de Miguel Garro Barrera –el operador de Comunicore– en la empresa CSI Perú Logística, la misma que contrató por 3 mil dólares mensuales al gerente municipal y hombre de estrecha confianza del alcalde Luis Castañeda, Carlos Chávez Málaga.
Además, el estudio Palacios & Torrejón asesoró a Comunicore, y también figura en la relación de proveedores, en calidad de asesores legales, de la mismísima comuna capitalina.
El caso es que ambos documentos, del 14 de marzo y del 18 de abril de 2006, consignan informes del citado estudio jurídico a Comunicore dando cuenta de los nuevos directivos de la empresa (los tres pobladores de Comas), y adjuntan las respectivas copias de los Registros Públicos.
Entonces, si Vila aparece como el que tramitó el cambio de directivos y de denominación de Comunicore, ¿qué vínculos lo unen a Palacios & Torrejón, el estudio que asesoró a Comunicore y a la Municipalidad de Lima?
Perú.21 conversó telefónicamente con Vila, pero no reconoció absolutamente ninguna de las referencias hechas por los testigos del caso, y hasta negó conocerlos. La Fiscalía determinará al detalle el rol que jugó y, sobre todo, bajo órdenes de quién trabajó.
HOSTIGAN A TESTIGOS. Los tres desconocidos que aparecen llegaron ayer a la Fiscalía expresamente para hostigar a los tres testigos. El primero de ellos, que vestía polo plomo y jean, llegó a las 8:20 de la mañana e ingresó directamente a la sede de las fiscalías anticorrupción, ubicada en el jirón Carabaya; se sentó en la sala de espera y empezó a filmar con su celular a los testigos y al abogado de estos, Efrey Becerra. Minutos después, salió a la calle.
Fuera del Ministerio Público se reunió con el segundo personaje y, una hora después, llegó el tipo de polo amarillo. Los tres tomaron posición a pocos metros de la puerta de la Fiscalía; pero, poco antes de culminada la diligencia, se ubicaron frente a al puerta principal.
Cuando los testigos y el abogado Becerra salieron del lugar, los desconocidos se pusieron de pie y empezaron a seguirlos a pocos metros de distancia. Los testigos caminaron poco más de una cuadra y media hasta jirón Lampa y, minutos después, media cuadra más hasta la sede de este diario. Pese a verse sorprendidos por un fotógrafo de Perú.21, ellos siguieron con su trabajo de hostigamiento.
Minutos después se retiraron. Pero, ¿quién envió a estos sujetos? ¿Quién teme que digan lo que saben ante la justicia? “No es la primera vez –sostiene Becerra–; desde que Perú.21 publicó que los señores fueron utilizados como testaferros, no han cesado de hostigarlos para que no digan su verdad”, denuncia. Por ello, la defensa ha pedido garantías personales y ha señalado con nombre propio a los posibles responsables de que algo les suceda.
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